Una cámara en las calles de Santiago

El pasado siempre regresa. Más aún cuando el daño no ha sido reparado, y quedan muchas preguntas sin contestar. A inicios de los noventa, ya en democracia, el juicio contra el capitán Pedro Fernández Dittus, responsable de la quema de Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana, se saldó con una condena irrisoria: 600 días de cárcel en Punta Peuco, un reclusorio especial para uniformados, atenuada por un justificativo médico: la supuesta "psicopatía orgánica" que alegó el uniformado.

Verónica Denegri, junto a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, presentó en julio pasado, a 26 años de los hechos, una querella para reabrir el juicio y castigar, esta vez, a todos los responsables del crimen de su hijo, convencida de que no sólo no hubo justicia sino que además hubo involucrados de mayor nivel jerárquico. "Yo dije que me iba a jugar todas las cartas. La justicia ha sido tan mínima. Los chilenos nos hemos contentado con tan poco... Entonces, solamente quiero saber un poco más. Quizás entender por qué marcaron a Rodrigo. Porque para mí lo marcaron, no fue un muerto de casualidad", dice hoy, mientras hace una pausa en el bordado de un suéter. Una actividad que, como el tejido de arpilleras, desarrolló en los años de búsqueda de justicia para su hijo. Aquí y allá. Cae el sol sobre el valle central de Chile. A lo lejos, entre los árboles, se escucha la bocina de un tren.
Muertes como las de Rodrigo Rojas siguen resonando. Se trata de los centenares de asesinados por personal de las Fuerzas Armadas chilenas y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta de Pinochet en los ochenta, en el contexto de las movilizaciones populares que reclamaban el fin de la dictadura. Muchos de ellos eran jóvenes. Al cumplirse cuatro décadas del golpe militar en 2013, hechos como los descritos se yerguen y atestiguan su impunidad.

Desarraigo y registro
Verónica Denegri militaba en el Partido Comunista. A fines de los setenta, fue detenida en Valparaíso junto con algunos compañeros por personal de la Armada. Fue trasladada a una vieja casona en la zona sur de Santiago, en la que funcionaba una prisión clandestina conocida como Tres Álamos, donde fue torturada. Finalmente fue expulsada del país en 1977. Su hijo mayor, Rodrigo, ya se encontraba en Estados Unidos en una visita a su abuela materna que se prolongaría inesperara e indefinidamente. Su hermano menor, Pablo, acompañó a su madre al exilio. La familia se instaló en Washington; singular escenario donde, no obstante, los brazos armados de la dictadura chilena habían asesinado a Orlando Letelier, excanciller del gobierno de Salvador Allende, apenas dos años antes. Un bombazo en un barrio de embajadas, a metros del Capitolio. "La ciudad era sede de muchos organismos internacionales. Por eso cada conflicto del mundo se reflejaba en Washington -recuerda hoy Verónica Denegri-. En el caso de los chilenos, había pinochetistas y los que estábamos en contra".

(La nota completa en Sudestada Nº 125 - diciembre de 2013)