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Editorial 1

Un país sin laburantes

Los empresarios no se suben al Sarmiento. Los funcionarios nunca cuentan las monedas para sacar 1,10 en el colectivo. Jamás se ha visto a un periodista de las grandes corporaciones hacer la cola para sacar su tarjeta Sube.
Nadie presenció el fusilamiento de algún patrón agrosojero por el "gatillo fácil" policial. Los que viajan durante horas hacinados en un vagón, los que se trasladan a las corridas de un punto a otro del Conurbano, los que pierden su tiempo en trámites interminables, los que caen baleados en las barriadas, son los mismos de siempre. Los laburantes, también son las víctimas de tragedias como la de la estación Once. También son el objetivo de programas de espionaje político como los implementados por Gendarmería bajo el nombre "Proyecto X". Es curioso; el Estado no persigue a evasores fiscales, ni controla el cumplimiento del contrato de las empresas de servicio, ni investiga a los conspiradores reunidos en las oficinas de los monopolios de prensa, ni se preocupa por hurgar en el gigantesco entramado mafioso de la banda delictiva más poderosa del país: la policía. No, el Estado tiene otras tareas.

Durante el extenso discurso de la máxima autoridad política nacional en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el único sector fustigado no fue el de los patrones que transan para gambetear las cuotas impositivas, ni el de los comerciantes de la contaminación y el saqueo que rapiñan riquezas no renovables a cambio de favores para sus aliados provinciales, ni el de los dirigentes sindicales millonarios garantes de la "paz social" y bomberos del poder ante cualquier conflicto impulsado por díscolas comisiones internas. No, no fueron ellos los apuntados en su ofensiva retórica. Fueron los docentes. Sí, otra vez, los laburantes. Naufragando entre el desprecio y la ignorancia, la máxima autoridad política dirigió su dedo acusador contra quienes, según estima, son beneficiarios de "jornadas laborales de cuatro horas y tres meses de vacaciones". Para aquellos que utilizan su legítimo derecho a exigir un salario digno, ya no se reclama "sensibilidad"; ahora directamente se los fustiga ante todo el aparato político; el mismo auditorio que apenas un par de semanas atrás se regaló un aumento en sus dietas del cien por ciento.

No es tan difícil comprender la lógica de una gestión que, en el caso de una tragedia como la del Sarmiento, responsabiliza a las víctimas y protege a los victimarios y, ante el reclamo docente, critica a los trabajadores y los culpa por los problemas de la educación pública, sin reparar en sus propias obligaciones. Por eso, una minoría goza hoy de todos los privilegios y no tiene idea de lo que significa tomarse un tren en hora pico en el Conurbano. Por eso, esa misma minoría se muestra intolerante ante el reclamo de cientos de miles que, de vez en cuando, se indignan y hacen levantar su voz contra la injusticia, la corrupción o la impunidad. No los entienden, claro. En sus reuniones formales hay lugar para empresarios aliados, funcionarios ineptos y sindicalistas disciplinados. Para todos ellos, el trabajador es masa maleable a la que apelar para obtener riquezas, para ganar votos o para perpetuar el negocio de las obras sociales. Pero cuando molestan y se movilizan, cuando exigen lo que les pertenece, cuando se cansan de esperar o de confiar, los laburantes perturban. Después de todo, ellos son los que parecen no comprender la dimensión de un proyecto que propone persistir en una dinámica que no es nueva. Mientras tanto, el abismo social que divide la realidad de los funcionarios y la realidad de los laburantes crece todos los días.

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El colectivo de Revista Sudestada esta integrado por Ignacio Portela, Hugo Montero, Walter Marini, Leandro Albani, Martín Latorraca, Pablo Fernández y Repo Bandini.