Maxi y Darío

Diez años atrás, la siempre tensa relación entre el Estado y los sectores populares volvió a quebrarse. La policía, brazo armado del poder de turno, asesinó a dos jóvenes y disparó contra una multitud de trabajadores desocupados con balas de plomo. Confiados en la impunidad, firmada en turbios acuerdos con los políticos de entonces, los sicarios de uniforme cumplieron con su rol como responsables del "trabajo sucio" del sistema. Como siempre, la cadena se rompió por el eslabón más débil y los únicos que debieron rendir cuentas fueron los que apretaron el gatillo. Nada sucedió con quienes armaron un escenario que propició la matanza. Nada sucedió con los responsables políticos que, por acción y omisión, incentivaron un proyecto represivo para proteger su posición. Las víctimas fueron las mismas de siempre: dos jóvenes, dos militantes políticos, dos pibes de barrio con una historia trunca en un país que sabe cómo desangrar a los más débiles.

Hoy, una década más tarde, muchos de esos políticos siguen en despachos oficiales. Hoy, las víctimas de aquella masacre siguen respirando el aire del "gatillo fácil" y conviviendo con el brazo armado del sistema en los barrios, lejos de las luces de los medios de comunicación. Hoy también, la prensa mira indiferente y se ocupa de lo importante: defender los intereses de sus patrones, cumplir con las órdenes que emanan los jefes corporativos o los punteros partidarios. Hoy nos faltan Darío y Maxi.