Venezuela: ¿Concesión o retroceso?

El 23 de septiembre pasado, el periodista de origen colombiano y nacionalidad sueca, Joaquín Pérez Becerra, arribó a Venezuela. En el trayecto desde Alemania, donde había tomado el avión hacia territorio venezolano, Interpol dio una orden de captura en alerta roja contra el comunicador, que desde hace años se desempeña como director de la agencia de noticias Anncol. ¿La razón de este pedido? El gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos lo acusa de ser el canciller de las FARC en Europa. ¿Las pruebas? La administración de Santos esgrimió que en la computadora del comandante guerrillero Raúl Reyes, asesinado por el Ejército colombiano en Ecuador, aparecían los nexos de Pérez Becerra con los insurgentes colombianos.

El periodista, al llegar a Venezuela, fue detenido e incomunicado, no tuvo acceso a los abogados venezolanos que intentaron verlo, pese a que éstos presentaron un recurso de hábeas corpus a la justicia del país. En menos de dos días, Pérez Becerra fue deportado a Colombia, donde, coinciden varias personas consultadas en Venezuela, lo espera la dureza carcelaria de un Estado que tiene como objetivo eliminar a sus adversarios políticos, sean estos guerrilleros o militantes sociales y políticos.

Pérez Becerra había partido de Colombia luego de que el gobierno de turno aniquilara a la Unión Patriótica (UP), organización política legal y amplia en la que participaban las FARC. Contra la UP, el Estado colombiano desplegó una cacería que le costó la vida a 4.000 de sus miembros. Pérez Becerra, concejal de la UP, vivió de cerca esta represión: su esposa fue asesinada, sus compañeros desaparecidos y él, amenazado de muerte en reiteradas ocasiones. Por eso tomó la decisión de salir del país y radicarse en Suecia. Renunció a su ciudadanía colombiana y aceptó ser ciudadano sueco. Desde ese país, denunciaba el terrorismo de Estado que atraviesa Colombia y Anncol se convirtió, con el tiempo, en una referencia consultada para conocer la realidad del país. Asociada directamente a las FARC, la agencia pudo desmontar en varias ocasiones las mafias y corrupciones que carcomen a la clase política colombiana, los nexos del ex presidente Álvaro Uribe con el narcotráfico y sus políticas de "seguridad democrática" aplicadas a hierro y fuego por su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. El caso emblemático de esta administración fueron los denominados "falsos positivos": el Ejército asesinaba campesinos y jóvenes, para luego hacerlos pasar por guerrilleros abatidos y cobrar así las jugosas recompensas. Todavía hoy, las fosas comunes con cadáveres siguen apareciendo en Colombia luego de una década de gestión Uribe-Santos.

(La nota completa en la edición gráfica de Sudestada Nº 99 - junio 2011)