Una muerte mapuche, un crimen de Estado

Hay muertes que no pueden ser reconocidas como decesos sin relevancia, especialmente cuando se enmarcan dentro de un proceso de conflicto, en el cual el estado Chileno tuvo una gran participación. Durante los gobiernos de las tres coaliciones políticas que dirigieron Chile después de la última dictadura militar, ocurrieron muertes de varios comuneros mapuches, entre ellos: Alex Lemún, Matías Catrileo o Camilo Catrillanca, en las cuales podemos encontrar factores en común.

Pero, ¿qué es lo que los relaciona? Eran jóvenes defensores de la tierra que fueron asesinados por la policía con sus armas de servicio. Además de identificarse como mapuches, eran militantes de la misma causa. Fueron reivindicados tanto por su pueblo como por simpatizantes en la lucha contra el capitalismo, las recuperaciones de tierra, las tomas de terreno, el sabotaje contra la maquinaria forestal y los disturbios generalizados en las conmemoraciones de los asesinatos.

Es así como todas las segundas semanas del mes de noviembre, desde hace 16 años, se conmemora la muerte de Alex Lemún. De la misma forma, los primeros días de enero es recordado, en distintos territorios del país, el joven Matías Catrileo. Y desde el asesinato de Camilo Catrillanca, la gente se moviliza exigiendo justicia.

Pero no serviría hacer la aclaración, sin mencionar el contexto global en donde se encuentran estos crímenes de Estado y sin hacer una referencia, por más mínima que sea, de quiénes han sido esas personas y cómo fueron asesinadas. Y aunque la violencia podría ser considerada desde la colonización, en este informe haremos una referencia a partir de los gobiernos posteriores a la dictadura militar en Chile.

A principios de los años 2000 –momento de un nuevo y poderoso avance en el proceso de recuperación de tierras por parte de las comunidades mapuches– murieron los primeros comuneros en un confuso incidente. En julio de 2002 fueron asesinados a balazos por un grupo parapolicial los hermanos Agustina y Mauricio Huenupe Pavian. Antes de ser rematado de un tiro, Mauricio había aguantado los golpes de sus asesinos. Agustina fue alcanzada mientras huía, luego mutilaron su cuerpo sin vida.

El 7 de noviembre de 2002, en la comuna de Ercilla, en otro proceso de recuperación territorial, asesinaron a Alex Lemún, de 17 años. Mientras la comunidad Montutui Mapu estaba buscando leña para cocinar, un grupo de carabineros armados con escopetas antimotines, gases lacrimógenos y autos blindados entró al fundo Santa Elisa. Los jóvenes de la comunidad respondieron al ataque con piedras. Entonces el mayor de carabineros Marco Aurelio Treuer usó su arma de servicio: disparó a la multitud y una bala dio en la cabeza de Lemún, que agonizó durante cinco días, hasta fallecer, el 12 de noviembre.

Un mes después, encontraron sin vida a Jorge Antonio Suárez Marihuan. Su cuerpo estaba en la orilla del río Queco. Según los informes policiales, la muerte había sido causada por terceros. La familia consideró una represalia de colonos, por la constante participación de Jorge en las recuperaciones territoriales.

Otro caso es el de Julio Huentecura, quien murió en 2004 en un enfrentamiento con un preso común, en una cárcel de Santiago de Chile. Lo curioso de este caso es que Julio estaba preso por delitos cometidos en el sur del país. Desde los círculos cercanos a él creen que respondió a un amedrentamiento al pueblo mapuche. La responsabilidad de evitar que Julio muriera en un contexto de encierro también le corresponde al Estado.

En 2005, Zenen Alfonso Díaz Necul, de 16 años, murió atropellado por un camión forestal, mientras participaba en un corte de ruta. Y a José Huenante Huenante todavía no lo encontraron: ese mismo año lo detuvo una patrulla policial en la ciudad de Puerto Montt y aún no hay registro de su paradero. Hoy es considerado el primer detenido desaparecido en democracia.

Los asesinatos policiales siguieron con los años. En 2006, tras un allanamiento irregular cerca de la comuna de Nueva Imperial, el sargento de carabineros Juan Mariman le disparó a Juan Collihuin Catril, de 71 años.

Siguiendo esta cronología, es que llegamos a los hechos ocurridos la madrugada del 3 de enero del 2008. Matías Catrileo Quezada estaba con otros comuneros en una ocupación territorial del fundo Santa Margarita –perteneciente a la familia Luchsinger, en la comuna de Vilcún– cuando lo alcanzó la bala de una subametralladora UZI, proveniente del arma del cabo de carabineros Walter Ramírez Espinoza. El caso se intentó encubrir como un supuesto enfrentamiento, pero las pericias determinaron que no fue así: las únicas balas utilizadas ese día las había disparado el cabo.

Otro de los crímenes ocurridos en el primer gobierno de Michelle Bachelet fue el de Jaime Mendoza Collío. El 12 de agosto del 2009, tras participar en una toma en el fundo San Sebastián, el cabo Miguel Jara Muñoz lo mató por la espalda. La relevancia de este caso, también está en el intento de montaje de parte del uniformado: disparó a su propio chaleco antibalas para encubrir el caso como un enfrentamiento. Pero fue desmentida esa hipótesis luego del trabajo criminalístico; quedó al descubierto la maniobra de la institución policial...

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