La batalla que viene. Iglesia y Estado, asuntos separados

En 1867, hacía apenas dos años que José María Gelabert y Crespo había sido investido con el solemne cargo de Obispo de Paraná, lo cual implicaba que su diócesis incluía a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Era un obispo poderoso y orgulloso. Paraná había dejado de ser la capital de la Confederación Argentina desde 1862, y vuelto a su estatus de capital entrerriana. El obispo reunió en una plaza de Santa Fe a muchos de sus fieles, decidió dar misa, él mismo, convocando a numerosas parroquias. Dijo unas palabras en latín y bendijo las armas de su improvisado pelotón de fusilamiento. Habló de la misión divina de proteger la fe y luego calló. Los hombres armados apuntaron y dispararon al unísono. Luego tronaron los aplausos. Las balas destrozaron el texto de la Ley de Matrimonio Civil que el gobernador Nicasio Oroño había logrado hacer aprobar en la legislatura. Se trató, tal vez, de una de las primeras perfomance de nuestra historia. Por primera vez alguien se había atrevido a disputarle a la Iglesia el monopolio de los casamientos. La rebelión continuó y fue en aumento hasta que finalmente lograron torcerle el brazo al gobernador, que terminó renunciando y se retiró de su provincia, exiliado y excomulgado. Su intensión era recibir la corriente inmigratoria europea en Santa Fe, y muchos de los que llegaban eran protestantes; por eso, el matrimonio civil podía ser una vía de inclusión. Gelabert había ordenado que en todas las iglesias de su área de influencia los curas les transmitieran a los fieles que nadie que optara por casarse por civil sería aceptado en la Iglesia, y los amenazó con la excomunión. La ley fue desechada.
Gelabert, sabiéndose vencedor de Oroño, decidió cuestionar la educación laica en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay donde, tanto los profesores como los estudiantes, tenían fuerte inclinación hacia el anticlericalismo y sentían simpatías por la masonería, cuando no pertenecían a ella. El cura párroco de esa villa, Félix Mozos, escribió al obispo que la juventud del Colegio era "la más pervertida que existe en el universo, por la educación científica que reciben". Pero aunque Gelabert no quiso vencer las posturas del Colegio del Uruguay por la fuerza, en octubre de 1880, en ocasión de una visita pastoral a Concepción del Uruguay, su coche fue apredreado por los estudiantes. El escándalo que se generó fue mayúsculo, y el propio gobierno nacional exigió una investigación a fondo y el castigo a los agresores, seis de los cuales fueron arrestados.
Esta es sólo una pequeña muestra, pintoresca por cierto, de una historia mucho más larga y constante. Cada uno de los avances en materia de derechos civiles en Argentina tuvieron que atravesar la oposición activa y militante de la Iglesia Católica. El problema es que no se trata de una simple organización que centraliza y administra un culto religioso; la Iglesia operó siempre desde las entrañas del Estado, contó con cuadros políticos en importantísimos puestos ejecutivos de la Nación, entre los legisladores nacionales y provinciales, en todos los niveles del Poder Judicial, en las Fuerzas Armadas, en los medios de comunicación, en todas las capas educativas y sociales.
En la Argentina la libertad de culto está garantizada por el artículo 14 de la Constitución Nacional, aunque el Estado reconoce un carácter preeminente a la Iglesia católica que cuenta con un estatus jurídico diferenciado respecto al del resto de iglesias y confesiones. Según la Constitución en su artículo dos, el Estado Nacional debe sostenerla, y según el Código Civil y Comercial, es jurídicamente asimilable a un ente de derecho público no estatal. Este régimen diferenciado, sin embargo, no implica elevar al catolicismo al estatus de religión oficial de la República. El Vaticano y la Argentina tienen firmado un concordato que regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica firmado en octubre de 1966 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.

LA RAÍZ DE UN VÍNCULO
Remontémonos a los orígenes de la historia argentina y su vínculo con la Iglesia Católica. Todos los obispos del virreinato se pronunciaron en contra de la Revolución: Benito Lué, de Buenos Aires, dirigió la resistencia contra la Revolución en mayo de 1810; Rodrigo de Orellana, de Córdoba, participó de la resistencia militar contra ella, y Videla del Pino, de Salta, apoyó las invasiones realistas. Como resultado, los tres fueron fuertemente limitados en su autonomía y se les prohibió predicar y confesar. Orellana fue condenado por la Primera Junta de Gobierno a morir fusilado junto al exvirrey Santiago de Liniers y sus compañeros, pero no fue ejecutado, se lo envió a prisión y luego huyó a España. Videla conoció también la cárcel y falleció en su sede en 1819. El obispo Lué falleció en 1812, posiblemente envenenado. Desde entonces, y hasta 1830, no hubo ningún obispo en el territorio rioplatense. Las tres diócesis se vieron obligadas a administrarse a sí mismas como sedes vacantes, quedando en manos de los cabildos eclesiásticos. La importancia política de la Iglesia no se le escapó a Mariano Moreno, quien, en su afán de llegar a la población con las ideas revolucionarias, no dudó en obligar al clero a leer desde los púlpitos el primer periódico patrio, La Gazeta de Buenos Aires, que tuvo un rol decisivo en la formación de opinión de la sociedad...

-----------------------------

"ESTAMOS VIVIENDO UN MOMENTO HISTÓRICO"

La Iglesia celebró el rechazo de la ley de aborto legal como una confirmación de su poder, pero lo cierto es que ese triunfo abrió un cauce inédito: la campaña para separar la Iglesia del Estado avanza a paso firme a partir de la militancia de sectores feministas y de derechos humanos y aprovecha la herramienta de la apostasía como signo de época. Ya no hay lugar para una Iglesia todopoderosa que determina hasta las políticas de salud pública. Dos referentes de esta pelea en ascenso, Taty Barranco y Fernando Lozada, comparten impresiones con Sudestada y anticipan sus expectativas por lo que vendrá.

Los números confirman la creciente ola naranja: entre el 3 y el 8 de agosto (el día de la sesión por el aborto legal en el Senado), más de 2400 personas comenzaron sus trámites para apostatar de manera colectiva. El trámite llegó a fines de agosto a las 4 mil solicitudes y es relativamente simple: se puede hacer individualmente pero también de forma colectiva. En los dos casos alcanza con obtener las fechas de bautismo, comunión, confirmación y en qué iglesias se realizaron; acompañar con datos personales y presentar una carta. Pero más allá de las cifras, está claro que el tiempo de la Iglesia como poder absoluto está quedando atrás: si bien el rechazo a la ley de aborto legal representó una victoria para su capacidad de lobby, también quedó claro que el costo político sería alto: la ridiculez científica de los argumentos, la vaguedad de sus definiciones éticas, la violencia con la que ejerció presión sobre senadores y diputados, quedaron al desnudo. Del mismo modo, su historia de complicidades con genocidas, su alianza histórica con los sectores del poder político y financiero, su rol como dique social para contener a los pobres, queda cada día más expuesto ante una sociedad que, de a poco, parece ir queriendo dejar atrás los tiempos de la fe como respuesta a lo real y cotidiano.
Para indagar en esta nueva batalla, Sudestada conversó con dos referentes: Taty Barranco, joven militante feminista que, desde Salta, generó la campaña "Iglesia y Estado, asuntos separados"; y Fernando Lozada, integrante de la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL). Los dos aportan miradas diversas para analizar este brote de saludable laicismo en parte de la sociedad argentina.
–¿Cuál fue el origen de esta campaña, el momento de quiebre?
Taty: –El origen de la campaña se puede marcar en varios momentos. Primero, antes de la votación de senadores y diputados sobre el aborto legal, cuando veía que las personas no hablaban o no mencionaban, en sus comentarios con respecto a la campaña por la legalización del aborto, a la iglesia, sus dogmas impuestos en la estructura moral y religiosa que establecen en la sociedad para controlar nuestro comportamiento desde que nacemos, como el bautismo y después comunión, confirmación, etc. La iglesia nunca deja de estructurarnos y controlarnos a lo largo de nuestras vidas y es algo tan interiorizado que no nos damos cuenta. Por eso era imperioso alzar la voz y poner sobre la mesa la temática: iglesia y su presión social, además de su influencia en decisiones políticas. Y lo peligroso que es que el credo decida sobre salud pública. El 20 de junio se creó el grupo para lograr difundir, concientizar y ya instalar la temática para que no siguiera invisibilizada en los medios y gran parte de la sociedad. De hecho se logró, porque aunque había varios grupos trabajando la temática, nosotres lo revivimos antes.
–¿A qué razones atribuyen el actual crecimiento de estas iniciativas para separar la Iglesia del Estado?
Fernando: –Recientemente se han visibilizado varios proyectos de ley de características laicistas, la mayoría de ellos no plantean la separación absoluta de la iglesia del Estado, sino que intentan eliminar privilegios del culto católico. Esto no es nuevo, en los últimos diez años han existido iniciativas similares pero no tuvieron trascendencia ni mediática ni parlamentaria. Desde CAEL, en 2012, presentamos una propuesta para lograr que el Estado fuera fácticamente laico y no sólo por enunciación, como actualmente. Lo hicimos de manera transversal a varios bloques de la Cámara de Diputados. También hemos participado en varios debates legislativos de proyectos parlamentarios secularistas, por eso conocemos el tema de cerca. Tal vez, más que frente a un crecimiento, estamos ante a un momento histórico donde la sociedad empieza a ver y comprender que el Estado laico es indispensable para garantizar un piso mínimo de igualdad y transitar hacia la total libertad de conciencia. Ha comenzado a quedar claro que el laicismo se vincula con otras luchas de derechos humanos, como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y que el clericalismo sólo nos lleva hacia el más abyecto oscurantismo.
Taty: –Sin duda, al momento histórico que se vive, a la ebullición transfeminista, a la postergación histórica de derechos esenciales, al deseo de justicia social, igualdad de género y al cansancio acumulado por tener que soportar –aún siendo mayoría– que una minoría patriarcal nos (mal) represente en el Congreso y no tenga vergüenza de enunciar discursos nefastos, discursos que hasta rozan la burla, como el haber comparado a una mujer embarazada con una perra preñada cuyos cachorros se regalan. Estamos en un momento de deconstucción personal, y como lo personal es político, lógicamente se volvió una deconstrucción colectiva de gran parte de la sociedad. El feminismo viene activando acciones, se renueva, se reinventa y encuentra caminos para seguir luchando por la igualdad. Este momento está gestado por personas de todas las generaciones y le da una impronta única, abuelxs, hijxs y nietxs unidxs en la misma lucha...

--------------------------------------------------

LA TELARAÑA DEL PODER

La pesada influencia de la Iglesia católica dejó su marca en el reciente debate por la legalización del aborto. Pero detrás del poder intacto de la corporación eclesial, se oculta una red criminal que sigue en línea de continuidad desde los tiempos del terrorismo de Estado, bendecido y conducido por la Iglesia.

• Por Martina Kaniuka

Al cierre de esta edición, el Senado demostraba –una vez más– no estar a la altura de la historia. Con manifestaciones medievales, falacias lógicas, delirios místicos y un desfile de incongruencias jurídicas, el proyecto de la despenalización del aborto fue rechazado. Una vez más, la institución más poderosa de nuestro país –la Iglesia Católica– asumía su complicidad con la muerte de cientos de mujeres que anualmente pierden la vida en la práctica clandestina del aborto, por anteponer su hegemonía sobre los cuerpos a la materialización de un derecho adeudado y necesario. Mientras junto a los pañuelos verdes emergen los naranjas de la Campaña por la Separación del Estado y la Iglesia y la Apostasía Colectiva; no está de más tener presente el entramado que la institución eclesiástica tejió durante la dictadura, una red que impera hasta nuestros días.

Hágase tu voluntad
Entre los principales argumentos para el rechazo al proyecto del aborto legal, la cuestión metafísica sobre el origen de la vida gravitó en el discurso religioso sobre la fe, la existencia de un dios creador y dador de vida, la existencia del alma, y la necesidad de "salvar las 2 vidas" (condenando a la mujer a llevar a término un embarazo, por las razones que fuese, no deseado), ocuparon un lugar de privilegio. Se calcula que en Argentina entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Sin embargo, a la hora de la votación, otros fueron los intereses que primaron.
La Iglesia fue un factor clave en la determinación de algunos senadores a rechazar el proyecto. En algunos casos, se evidenció con un cambio de postura radical: Silvina Marcela García Larraburu –presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología– se había manifestado a favor y terminó votando en contra con un llamativo agradecimiento a grupos "provida" y a sacerdotes de la Iglesia. Otra diputada que modificó su decisión fue Silvia Giacoppo, senadora de la UCR por Jujuy, quien llegó a levantar la bandera de la lucha por la despenalización ostentando el pañuelo verde, para luego votar en contra en base a conclusiones a las que dijo haber arribado a partir de testimonios de "veteranos de Malvinas".
Mientras se dicen "defensores de la vida", los grupos antiabortistas representan a los defensores del orden y la jerarquía de la Iglesia, que se arroga el derecho a la vida mientras empuja al cadalso a cientos de mujeres, en general pobres y trabajadoras. De acuerdo a cifras aportadas por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), mientras que en los últimos 26 años descendió la mortalidad infantil (principal preocupación de los antiabortistas), las muertes vinculadas al embarazo, el parto y el puerperio son altísimas. Según el Cedes, a su vez, el aborto es la principal causa de muerte materna en el país desde la década de 1980.
Aunque no trascendió en su momento por el bloqueo mediático de la prensa hegemónica y por la eficaz financiación que la Iglesia montó para el blindaje, una llamativa mayoría de abogados, juristas y científicos que se presentaron en el debate previo en el Senado y se manifestaron en contra, pertenecían a organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales directamente financiados por el Opus Dei y la Iglesia Católica. Entre algunos de los disertantes –cuya filiación religiosa fue ocultada o camuflada bajo el halo de "la ciencia y el derecho"– encontramos a Siro de Martini. Este señor es hijo de Siro Víctor Miguel Luis de Martini, militar que en 1955 participó del bombardeo a la Plaza de Mayo desde los comandos civiles de la Iglesia Católica, y a punta de pistola copó Radio Mitre. Su hijo, que se presentó como doctor en Ciencias Jurídicas, olvidó mencionar que se formó en la Universidad Católica Argentina y que supo defender a Alfredo Astiz, al cura policial Cristian von Wernich, al capitán Antonio Pernías, a los almirantes Jorge Anaya, Oscar Montes y Antonio Vañek y a los civiles de inteligencia alzados con Seineldín, Oscar y Enrique Calzada. Martini trabaja activamente por "los derechos humanos", es profesor en la UCA, estuvo vinculado al ministro Germán Garavano y propició el encuentro del secretario Claudio Avruj con familiares de genocidas. De Martini padre y De Martini hijo, son habituales editorialistas en los pasquines La Nación y Clarín.

(La nota completa en la edición gráfica de Sudestada... ¿Por qué publicamos apenas un fragmento de cada artículo? Porque la subsistencia de Sudestada depende en un 100 por ciento de la venta y de la confianza con sus lectores, no recibimos subsidios ni pauta alguna, de modo que la venta directa garantiza que nuestra publicación siga en las calles. Gracias por comprender)