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Nuestra América Colombia

Un periodista preso. Los sospechosos de siempre

El 8 de julio, trece militantes sociales fueron detenidos en un operativo en Bogotá. Uno de ellos, el periodista DE LA AGENCIA DE NOTICIAS COLOMBIA INFORMA, sergio “pato” segura. el gobierno de santos intentó hacer pasar a “lxs trece” como culpables de un atentado y parte de una célula del EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ELN). con los días, no pudieron presentar pruebas concretas, pero la justicia cómplice los envió a la cárcel. Una cronista de Sudestada relata la historia de pato y registra la palabra de sus padres, de su abogado y del senador y líder campesino Alberto Castilla

"Hasta donde pude, participé en la organización de este Foro pero la justicia colombiana decidió, el 8 de julio, allanar mi hogar, incautar mi material periodístico y detenerme por 'rebelde', 'terrorista' y 'ser un peligro para la sociedad'. Les prometo volver para seguir informando". La voz de Sergio Segura, "Pato", se escucha clara a través del audio. En un alto en las audiencias que lo tienen como protagonista junto a doce personas más, envía un saludo a través de un celular que le acercan compañeros y compañeras de Colombia Informa, la agencia de noticias en la que trabajaba (y sigue trabajando) hasta el día de su detención. El que menciona es el Foro Internacional "Hacia una Ley de Medios que democratice la comunicación en Colombia", que se realizó en Bogotá el 24 y 25 de julio pasados.

El 8 de julio de 2015 un operativo conjunto alteró a la capital de Colombia. Quince personas fueron detenidas en procedimientos dignos de una película hollywoodense: helicópteros con cámaras, fuerzas especiales armadas para la guerra, puertas destrozadas, gritos, amenazas, detenidos tirados al piso y esposados. A las horas, dos fueron liberadas y quedaron adentro lo que, cada vez más, se conoce como "Lxs Trece": militantes sociales, dirigentes estudiantiles, defensores de derechos humanos y periodistas. Entre ellos, Sergio.

De inmediato, el presidente Juan Manuel Santos emitió en su cuenta de twitter un contundente "Capturadas 11 personas del ELN responsables de petardos en Bogotá. Felicitaciones a @PoliciaColombia y @FiscaliaCol -Pagarán por atentados!", y lo reafirmó a través de los dos canales de televisión más importantes (y hegemónicos), RCN y Caracol.

Luego de semejante anuncio, la suerte parecía echada para "Lxs Trece": después de las largas audiencias de acusaciones por parte de la fiscal Ana Patricia Larrota, el 28 de julio la jueza 72 de garantías ordenó la medida de aseguramiento (es decir, la cárcel hasta el juicio) para todos. A pesar de que habían sido detenidos por los atentados contra sedes de la empresa de pensiones y cesantías Porvenir, sólo tres –David Camilo Rodríguez, Gerson Alexander Yacumal y Heiler Anderson Lamprea– fueron enviados a prisión por esos hechos, acusados de "rebelión" y "terrorismo"; y los otros diez –Sergio Segura, Paola Salgado, Stefany Romo, Daniel Hernández, Luis Daniel Jiménez, Félix Gutiérrez, Jhon Fernando Acosta, Víctor Gutiérrez, Lizeth Acosta y Andresito Rodríguez Parra–, por los delitos de violencia contra servidor público y tráfico, porte y fabricación de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, por una protesta estudiantil en la Universidad Nacional el 20 de mayo de este año. Las "armas" que menciona son llamadas "papas-bomba", usadas con frecuencia en manifestaciones, como bombas de estruendo.

Por último, la Procuraduría (un organismo que representa al Ministerio Público y ejerce como tercero "imparcial"; una figura que, existiendo fiscalía y defensa, debería ser el propio juez), a pesar de estar en un principio de acuerdo con la medida de aseguramiento, terminó solicitando que se liberara a los detenidos, porque afirmó que la jueza no había considerado los argumentos de todos los abogados, es decir, que no había respetado el derecho de defensa.

Siendo así, habrá que esperar la decisión del juez de segunda instancia, quien deberá considerar si levanta la medida de prisión carcelaria.


Los "falsos positivos judiciales"

Hasta acá los hechos concretos, lo que sucedió en este tumultuoso mes y medio donde las organizaciones sociales sufrieron un fuerte golpe en Colombia. Desde un principio se habló de la figura de "falsos positivos judiciales" para este procedimiento, la cual se remonta a 2008, cuando se reveló que miembros del Ejército colombiano asesinaban a civiles (sobre todo en las zonas de mayor conflicto, campesinas y de frontera) y los hacían pasar por guerrilleros abatidos en combate para mostrar resultados. Así, a estos casos se les sumó la figura de "judicial" porque se trata de un proceso en el marco de la ley y se da en el medio de las negociaciones de paz entre las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) y el Gobierno. En la perspectiva de que la otra insurgencia, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) también comience un diálogo, la idea del Gobierno es asociar a las guerrillas con el movimiento social y popular que se desarrolla en el país para mostrar resultados, sembrar el miedo y azuzar en la desmovilización de las y los jóvenes que generan resistencias y propuestas de cambio en un país poblado de paramilitares, leyes antiterroristas, políticas neoliberalismo y servilismo al país del Norte....


(La nota completa en la edición gráfica de Sudestada)

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Nadia Fink
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Nadia Fink