La agenda equivocada

Quien pretenda establecer una línea de continuidad podrá descubrir, al final del ejercicio, la eficacia de su práctica. Basta con mencionar el impulso y sanción de la Ley antiterrorista, la denuncia de espionaje a organizaciones políticas y sociales perpetrado por gendarmería a través del "Proyecto X", la decisión de desplegar operativos masivos con gendarmes y prefectos en las barriadas populares, la creciente tendencia a criminalizar al pobre y al joven como responsables del conflicto social, la complicidad y el elogio a gestiones provinciales represivas (Formosa) o la indiferencia ante la presencia de fuerzas parapoliciales (Santiago del Estero) que provocan el asesinato de pobladores originarios y campesinos, la defensa incondicional a la designación como jefe del ejército a un cuadro con participación en la dictadura pese a los reparos de algunos aliados, la ausencia de cualquier medida de control o recambio de las altas esferas policiales aunque existan probados casos de connivencia con el narcotráfico o la trata de personas; y la lista sigue hasta hoy. La decisión del gobernador bonaerense (el mismo que designó como responsable del área de Seguridad a un ex intendente acusado de formar "escuadrones de la muerte" parapoliciales para "combatir" el delito) de imponer un decreto de "emergencia en seguridad", lo que significa la reincorporación de nada menos que 15 mil efectivos policiales retirados (algunos de ellos por manchas en su legajo, como los ocho imputados en la desaparición de Luciano Arruga), y el ahora empuje oficialista para establecer una inédita Ley de "convivencia en manifestaciones públicas", que no es otra cosa que un mecanismo formal de control de la protesta social, son los últimos eslabones en una cadena de degradación estatal cada vez más atenta y cercana a responder los reclamos históricos de la derecha privilegiada de este país, y al mismo tiempo tendiente a solidificar la estigmatización de jóvenes y pobres que vienen motorizando de un modo sistemático los grandes medios de comunicación.

¿Qué hay detrás de una línea política de "seguridad" que parece plagiada de la agenda opositora? ¿Qué nuevos debates genera que la banda delincuencial con mayor autonomía y mejor preparada para delinquir goce hoy de completas libertades para extorsionar a punta de pistola (reglamentaria) para que le aumenten el sueldo, para establecer "zonas liberadas", para negociar el tráfico de drogas y de personas y para manejarse sin obstáculos como estructura mafiosa en los barrios populares? ¿Quiénes dentro del oficialismo auspician y alientan este tipo de medidas, a contramano de años de retórica progresista y también de algunos avances en materia de política social? ¿Cuántas dudas y cuántas certezas despiertan la aparición de normas tendientes a cristalizar un poder policial paralelo, impune y autónomo en todo el país?

Lejos del circo mediático y de la disputa por posicionar candidatos que pelean por ocupar el lugar más a la derecha posible del escenario nacional, la realidad que se respira cada día en las barriadas populares pasa por otros ejes que la agenda de derecha no incorpora entre sus prioridades. Allí, trabajadores, estudiantes y vecinos batallan cada día contra la falta de oportunidades, pero también intentan zafar del brazo delictivo del Estado, que usa uniforme para delinquir y que pocas veces aparece en la primera plana de los diarios.