Sabor a impunidad

Lo que pasó en la ciudad de Libertador General San Martín, Jujuy, podría describirse fríamente como un cuádruple homicidio. Crímenes que no tendrían otro móvil que el cobarde y artero ajuste de cuentas político, desplegado por el peronismo jujeño. La tierra, nuevamente, fue la excusa para bañar de sangre inocente y trabajadora a la Pachamama.

Alrededor de los hechos en los que fueron asesinados Alejandro Farfán, Ariel Farfán, Félix Reyes y Juan José Velásquez, existieron cobardes complicidades. Hubo aprovechados, aprovechadores, corderos atados y lobos sueltos. ¿Culpables para la justicia?, ninguno. Para el pueblo, no hay dudas: tanto el gobierno como la seudo y cómoda oposición (UCR) fueron los culpables. ¿Cómplices?, todos. Porque desde el intendente de Libertador General San Martín, Jorge Ale (FPV), hasta el líder social Enrique Mosquera (CCC), pasando por el comisario Néstor Vera -quien ordenó el desalojo- fueron negligentes y perversos al aprovechar la real necesidad territorial de los jujeños y usarla de excusa para sus miserables fines.
Nadie puede negar que en Libertador General San Martín, como en todo Jujuy, la necesidad de la vivienda es una realidad. Realidad que se ve contrastada con la gran cantidad de hectáreas en desuso que poseen los feudos corporativos, apañados eternamente por los esbirros gobernantes de turno, como el Ingenio Ledesma.

Pero como en todo pueblo chico, en el que hay infierno grande, muchos de sus pobladores se preguntaron y se preguntan: ¿por qué, durante la noche del 27 de julio pasado, un gran número de mujeres y niños fue sacado del asentamiento denominado El Triángulo? ¿Quizá haya sido por premonición?

En la misma sintonía y yendo un poquito más allá, muchos se preguntan: ¿por qué los policías que fueron al desalojo lo hicieron tan desprovistos de elementos de seguridad y no pertenecían a una división especial como suele suceder en estos casos? ¿Hubo doscientas cincuenta mil razones para que esto sucediera? En Libertador General San Martín se dice que sí. Igualmente, para un sicario neoliberal serían pocas "razones". Pero para muchos mal nacidos -que sabían lo que vendría-, era el costo a pagar. A su vez, y como en todo crimen de Estado, las culpas se repartieron rápidamente. Desde Perú, donde se encontraba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se exigieron explicaciones y el "elegido" -diputado nacional y candidato a gobernador por el FPV, Eduardo Fellner-, más "rojo" que nunca, pidió "sacrificios políticos". Rápidamente, uno de sus hijos políticos y gobernador de los jujeños, Walter Barrionuevo, haciendo la gran Bush, hizo conocer los daños colaterales. Así, el verdugo empezó a hacer rodar cabezas. La primera fue la del bonachón ex jefe de la policía provincial Jorge Ayarde. Mientras nadie salía del estupor, y los medios locales de comunicación trataban de ocultar y tergiversar lo que ya era una tragedia, otra cabeza rodó por el histórico Salón de la Bandera. Era, nada más y nada menos, que la de Pablo La Villa, quien hasta ese momento gozaba de un gran horizonte político ungido por el Fellnerismo jujeño, mientras se desempeñaba como ministro de Gobierno y Justicia.

Como era de esperar, los "sospechosos de siempre" salieron a ensuciar la cancha y plantaron sus coartadas. El primero en delegar culpas fue el también ex gobernador Eduardo Fellner, quien habló de que "algunos" habían utilizado la "necesidad" de la gente. Pero no dio nombres.

(La nota completa en la edición gráfica de Sudestada Nº 102 - septiembre 2011)