Los soldados de Chevron

Ni con Petrobrás, ni con Pdvsa... con Chevron. El acuerdo estratégico entre YPF y la multinacional de origen estadounidense para la extracción hidrocarburífera en zonas clave de nuestra geografía, firmado semanas atrás por el gobierno argentino, no sólo representa un regresivo paso en materia de soberanía energética y un potencial negocio millonario para la compañía transnacional. Principalmente, confirma una lógica que se impone en estos tiempos: no importan los sombríos antecedentes del socio elegido, lo relevante es que cierren las cuentas.

Heredera de la mítica Standard Oil, Chevron sucedió a Texaco en el desastre ecológico que realizaron las dos petroleras en la región de la amazonia ecuatoriana, en 1992. Un tribunal de Quito falló en favor de los damnificados por la contaminación y le impuso a Chevron una indemnización de 18.700 millones de dólares, que la petrolera se niega a pagar desde entonces. Hace meses nomás, la Corte Suprema de Justicia de Argentina había dejado sin efecto la orden de un juez que decidió congelar los activos de Chevron en el país, a pedido de los querellantes de la demanda iniciada en Quito.

La ocupación pacífica de dos pozos petroleros en Vaca Muerta, una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo, por parte de integrantes de una comunidad mapuche en contra del acuerdo con Chevron fue duramente criticada por la Presidenta de la Nación, quien señaló en un discurso: "Sé que algunos se subieron a torres de YPF... Pero no hacían esas cosas cuando Repsol se llevaba toda la guita de la Argentina y no invertía un solo mango acá, no hacían nada, eh. No pasaba nada de eso, nadie se quejaba". La resistencia del pueblo mapuche contra Repsol tiene vastos antecedentes en las últimas dos décadas, pero quizá en ninguna otra región cobró mayor importancia como en Loma de La Lata. Allí, conocieron de forma cotidiana la represión policial y parapolicial ordenada por el entonces gobernador Jorge Sobisch, otro "aliado estratégico" pero en este caso de Repsol. En su extensa pelea contra la contaminación de su tierra, las comunidades de la zona lograron incluso un estudio ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que confirmó la dimensión del daño ecológico provocado por la explotación petrolera. Pero esa lucha ejemplar, parece ser, no cuenta para las autoridades nacionales ni tampoco para los medios oficialistas a la hora de justificar el polémico acuerdo.

Es que más allá de los intentos de desviar el eje de discusión en la siempre oportuna batalla mediática contra el Grupo Clarín, en la lógica oportunista y electoralera de una oposición que hace agua por los cuatro costados, es indudable que el acuerdo con Chevron abre una profunda grieta en la conciencia de muchos simpatizantes de la gestión, que hoy miran con desconfianza la autorización para que una corporación estadounidense arrebate las riquezas naturales y deprede el medio ambiente con la impunidad y la protección oficial. Lo cierto es que no hay forma de explicar lo inexplicable. Basta con repasar las imágenes del desastre de Chevron en Ecuador para vislumbrar la lógica depredadora de esta compañía. Los mismos que una década atrás aplaudieron de pie la privatización de YPF y abrieron las puertas a la rapiña de Repsol, son los que hoy negocian con Chevron, después de un breve paréntesis de discursos y gestos altisonantes que, al parecer, se llevó puesto el viento patagónico para siempre.