Mapuche, la lucha de la tierra

Uno. El sur chileno está lleno de lugares anudados con historias. Sitios donde la memoria de los ancianos guarda hechos que conectan el pasado con el presente. No hay comunidad mapuche en la que no se hable de las tierras antiguas o ancestrales y de las usurpadas. Las primeras eran las que poseían antes de ser conquistadas por las tropas chilenas, a fines del siglo xix. Las segundas, aquellas que tras el despojo fueron reconocidas como indígenas, mediante los célebres Títulos de Merced, y que también les fueron arrebatadas desde inicios del siglo xx mediante artilugios legales.
Cuando en los 90 la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y la Ley Indígena desarrollaron un plan de fomento a las tierras mapuche, consideraron como tales las determinadas por dichos títulos, así como las que estuvieran en situación irregular, no las reclamadas por las comunidades como ancestrales. Grave error. Ni siquiera se distinguieron las que reintegró a las comunidades mapuche el gobierno de Salvador Allende (1970-73), que usó la ley de Reforma Agraria como herramienta para este fin. Tras el golpe militar, el Estado volvió a quitarles los predios a los mapuche para reintegrarlos al patrimonio de latifundistas y empresas forestales, como ocurrirá en centenares de fundos en la provincia del Malleco.

Dos. En muchos lugares del sur también se establecen relaciones. Se dirá "No es nuevo" cuando se vea aparecer en el horizonte dentado del paisaje rural a personal policíaco en tenida de combate, como los efectivos del Equipo de Reacción Táctica (ERTA) de la policía de Investigaciones, prestos para allanar una comunidad en busca de sospechosos de la quema de maquinaria forestal o a causa de la ocupación de un predio. Esos mismos carabineros, muchas veces de origen tan mapuche como el de quienes les toca reprimir, también vigilan el predio de una forestal, como Mininco o Arauco, pertenecientes a los grupos económicos Matte y Luksic, respectivamente, quizás los más poderosos de Chile, cuyas tierras son reivindicadas por alguna comunidad vecina. Muchos ancianos ya lo vieron: los policías cuidando el predio del "rico", como le llaman en el campo a los terratenientes, habitualmente hijos de los colonos europeos a quienes el estado chileno entregó las tierras mapuche hace un siglo.

En las comunidades también vieron caer a varios de los suyos. Para el historiador Martín Correa en su libro, Las razones del illkun/enojo, las muertes de Alex Lemún en 2002, Matías Catrileo, en los primeros días de 2008 y Jaime Mendoza Collío, en agosto de 2009 -todos jóvenes mapuche asesinados por la espalda mientras huían de las fuerzas policiales tras sendas recuperaciones de tierra-, no fueron casos de excesos accidentales, como en su momento aseguraron los gobiernos de turno. Ejemplifica con el caso de la muerte del último comunero: "Forma parte de los resultados de una política de estado para enfrentar las movilizaciones de demandas territoriales mapuche: la represión".

Tres. Muchos en las comunidades saben, asimismo, que a cada levantamiento se sucede el castigo, sea con la policía o el aparato judicial. A nadie le pudo causar sorpresa que en 2000, cuando el gobierno del "socialista" Ricardo Lagos desarrolló la nueva forma de administración de justicia llamada Reforma Procesal Penal, se aplicaría de modo piloto en la región de la Araucanía. A todas luces, era un modo de contener la desatada movilización mapuche.

Así como en democracia se volvería a usar la tristemente recordada Ley de Seguridad Interior del estado -o Ley Antiterrorista-, pergeñada en dictadura, para perseguir a lonkos, werkenes (mensajeros), dirigentes o cualquier mapuche que desarrolle acciones que pongan en duda la propiedad privada de forestales, empresas o terratenientes. Particularmente duros serían los hechos que afectaron a las comunidades de Temulemu, Pantano y Didaico, en la provincia de Malleco. Hoy se cuentan 28 presos políticos mapuche en cárceles de Angol, Concepción, Chol Chol y Temuco. Muchos han sido encarcelados por largos períodos, únicamente mientras eran investigados los hechos. A mediados de la década pasada fueron numerosos los presos políticos mapuche que iniciaron largas huelgas de hambre como mecanismo para agilizar procesos judiciales. En los últimos años, han sido varios los mapuche y no mapuche inculpados que prefieren entrar en la clandestinidad ante un aparato de justicia que busca privarles de libertad a como dé lugar. Fue el caso del lonko Mijail Carbone de la comunidad autónoma de Temucuicui. O el más reciente caso -fallido- de Emilio Berkhoff, quien finalmente fue apresado.

(La nota completa en Sudestada nº 121, agosto de 2013)