Una banda descontrolada

A fines de la década del sesenta, el periodista Rodolfo Walsh publicó una investigación que desnudaba el sistema represivo y delictivo montado por la policía en esos años; un trabajo donde definía a la corrupción policial con una frase contundente: "La secta del gatillo alegre es también la secta de la mano en la lata". Mucho tiempo después, el negocio que se desprende de la actividad policial se diversifica en innumerables ramificaciones, como un eslabón más de un sistema degradado, donde la corrupción y el descontrol son elementos básicos del escenario cotidiano, aun en las instituciones responsables de la seguridad pública.

En este plano, y en muchos casos, la policía asume hoy un lugar clave en la cadena decadente del sistema: es el último eslabón en un marco de descontrol casi absoluto que le permite moverse cada vez con mayor autonomía; es la encargada del trabajo sucio, la responsable del encubrimiento, la recaudación clandestina y la operatividad necesaria para el poder político y el judicial. Sin embargo, en un reciente encuentro organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, buscó por todos los medios discursivos posibles que sus palabras fueran un bálsamo para los oídos de los uniformados federales: "No tengo ningún detalle que me permita iniciar una denuncia, sólo son dichos de vecinos", expresó Garré con relación al accionar corrupto de la fuerza que dirige. Pero lo que importa no es suscribir la mirada crítica sobre alguna de las fuerzas represivas del Estado, sino sobre todas: policía federal, policías provinciales, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad "privada" o fuerzas armadas.

En este sentido, la socióloga de la UBA y especialista en criminología, Alejandra Vallespir, en su libro La policía que supimos conseguir, hace un análisis diametralmente distinto al de Garré: "No se trata de que hay algunos policías buenos y otros malos en una institución subordinada al poder político y de servidores públicos. Sino que hay una única policía que suscribe una doble matriz: por un lado tiene la suscripción a las leyes y por el otro tiene un pacto con los poderes corporativos. Cuando la policía deja de actuar bajo el marco institucional para moverse mediante pactos es cuando estamos en presencia del delito. O sea que la misma estructura que utilizan para combatir el delito la usan para cometerlos. Uno se encuentra que los de robos y hurtos, roban y hurtan; los de defraudaciones y estafas, defraudan y estafan; los de narcotráfico, narcotrafican. Hay una especie de división institucional que ha hecho una organización racional de sus recursos pero en espejo". Basta con preguntarse cuál es el elemento común que se destaca en los asesinatos de los pibes en José León Suárez, Baradero o Villa Lugano; de María Soledad Morales, Walter Bulacio, José Luis Cabezas, Natalia Mellman, Diego Peralta y Ezequiel Demonty; en la desaparición de tantos, de los cuales conocemos sólo un puñado de nombres: Miguel Bru, Julio López o Luciano Arruga; en los atentados a la embajada de Israel y la AMIA; en la masacre de Villa Ramallo y en los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en Puente Pueyrredón en 2002, en el asesinato de Mariano Ferreyra este año en Avellaneda, y en Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2001, entre tantos otros. La respuesta a esta serie de sucesos no podría ser más preocupante: en cada uno de los casos mencionados están involucradas, de las formas más disímiles, las fuerzas de seguridad del Estado. Si a los ejemplos expuestos (que podemos mencionar con nombre y apellido y los que, además, han tenido gran repercusión a nivel mediático), se le suman las innumerables denuncias por gatillo fácil, secuestros extorsivos, escuadrones de la muerte, torturas en comisarías, tráfico de armas, narcotráfico, piratería del asfalto, coimas, juego clandestino y trata de blancas; el resultado es lapidario.

(La nota completa en la edición gráfica de Sudestada Nº 98 - mayo 2011)