Misiones. Sueños de un pueblo en lucha

En noviembre de 2016, Malvina va a cumplir 15 años. Habrá fiesta en su pueblo, Puerto Azara. Es este recóndito fronterizo enclavado a orillas del Río Uruguay, allí en el sur profundo de la provincia de Misiones. Un tiempo atrás, en una de esas siestas con perfume a naranjas, Malvina, aún una niñita de 9 años, le preguntó a su madre, María Alvez, si era cierto que cuando ella cumpliera 15 no habría fiesta en Puerto Azara, porque el pueblo, como habían dicho el diario y la radio, para entonces iba a desaparecer. María tragó saliva, aguantó las lágrimas en los ojos, y clavó la mirada en el río.

–Quédese tranquila, mi hijita. Usted va a festejar su cumpleaños de quince en Puerto Azara y ese día va a haber fiesta para todo el pueblo.

Días después, María Alvez, esa mujer, hasta entonces enfermera de la salita de salud del pueblo –que ni siquiera agua potable tenía– desanduvo los diez kilómetros de tierra y sin transporte público que separan su Puerto Azara de la ruta asfaltada, se subió a un colectivo y fue a Posadas. Ahí se acercó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), donde contó su drama, que era el drama de su pueblo, que era o terminaría siendo, el drama de una provincia entera.

"El proyecto Garabí existe desde 1972. Es un viejo proyecto para construir una represa hidroeléctrica sobre el río Uruguay, que de hacerse dejaría bajo agua al menos veinte pueblos en Misiones y parte del Brasil", nos cuenta María.

Este emprendimiento hidroeléctrico fue retomado por la gestión kirchnerista, cuando desde el Ministerio de Planificación y Entes Binacionales Sociedad del Estado (EBISA) articularon con el gobierno federal de Brasil y su empresa Eletrobras, para unificar un proyecto aún más ambicioso que el original. Nació así el proyecto binacional Garabí-Panambí, que plantea la instauración de dos represas sobre el río Uruguay, con una afectación estimada superior a las 100 mil hectáreas, es decir, se llevaría puesto medio centenar de poblados y provocaría el éxodo forzado de miles de familias de la ribera. Cientos de millones de dólares ya se eyectaron durante los últimos años para la realización de "estudios de factibilidad" (hechos por empresas involucradas en el negocio de construir presas hidroeléctricas) y para un plan de persuasión a la población local –repelido enérgicamente por los propios habitantes costeros–, bajo la premisa de "comenzar a construir Garabí-Panambí en 2015". Pero no pudieron. María Alvez, en su peregrinar, fundó junto a otras organizaciones, la Mesa Provincial No a las Represas, espacio que se puso al frente de la resistencia a este mega proyecto, en una provincia que tiene la nefasta experiencia de haber sido afectada directa por la represa Yacyretá, pero que sigue pagando la factura de energía doméstica más cara del país...

(La nota completa en la edición gráfica de Sudestada)