Ayotzinapa. El abismo mexicano

Una tenue llovizna se filtra por las ventanillas baleadas del micro. La noche del 26 de septiembre de 2014, los policías que disparan sus armas sólo se detienen para levantar del asfalto los casquillos percutidos. Su blanco son los estudiantes, que corren a ocultarse donde pueden. La emboscada fatal tiene una orden precisa: tirar a matar. Algunos pibes gritan y lanzan piedrazos. Otros se entregan a las fuerzas de seguridad. Los disparos alcanzan también un colectivo que traslada a un equipo de fútbol de tercera división. Un jugador y el chofer mueren por las balas policiales, que apuntan contra ellos por el delito de ser jóvenes y parecer estudiantes.

La versión oficial se limita a confirmar la participación de policías municipales de Iguala y Cocula en la balacera, fuerzas que –por orden del alcalde de Iguala, José Luis Abarca–, se habrían ocupado de entregar a los estudiantes detenidos en manos de sicarios del cartel narco Guerreros Unidos. Hacinados en camionetas ganaderas, los jóvenes son trasladados hasta un basurero conocido como "Hoyo del Papayo". Allí, habrían sido ejecutados (al menos, los que no murieron asfixiados durante el trayecto), incinerados durante casi diez horas, y sus restos, ocultados en bolsas que después fueron arrojadas al río. Hasta allí la hipótesis defendida por la Procuraduría General de la República (PGR); pero lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto oculta desde entonces es la intervención directa de agentes federales en la operación. Según la periodista Anabel Hernández, el ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, que monitoreaba los movimientos de los normalistas desde semanas antes, con la activa colaboración del Ejército (cuyo destacamento se encuentra a 300 metros del escenario de los hechos).

Detrás del asesinato de seis estudiantes y la desaparición de otros 43 de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se oculta la turbia madeja de un Estado cooptado hasta las raíces por el narcotráfico. En ese sentido, cada día quedan menos dudas: fue el Estado.

Lo que sobrevino después fue el montaje habitual: la demonización de las víctimas desde los medios (cuestionadas por su activismo político y por la práctica del "boteo", es decir, el secuestro de micros para viajar al acto conmemorativo por la masacre de Tlatelolco en el DF), la estigmatización de sus familiares como personas violentas, la burocracia que dilata la investigación en procura de desvanecer el tema, el recurso de achacar al "crimen organizado" todos los males del país, el cuestionamiento al trabajo del Equipo de Antropología Forense argentino convocado por las familias de los desaparecidos, la complicidad de los gigantes mediáticos que se ocupan de cuestiones superficiales para distraer la atención. Pese a todos los esfuerzos para correr el eje, no hubo forma de eludir la imagen del poder político vinculado estrechamente con el negocio del narcotráfico.

Un Estado narco y asesino

Fosas comunes con centenares de cadáveres. Cuerpos mutilados o disueltos en ácido arrojados a un costado de la ruta. Mensajes mafiosos anotados en los muros. Candidatos que financian campañas con dinero sucio. Mujeres desaparecidas por decenas o halladas enterradas en zonas desérticas. Centenares de policías pasados a retiro por connivencia con el narcotráfico. Periodistas amenazados, asesinados y desaparecidos por perturbar los negocios. Grabaciones caseras de los propios narcos dando cuenta de ejecuciones y descuartizamientos de sicarios rivales, transmitidas por las redes sociales. Las cámaras de Televisa y TV Azteca, publicando a toda hora la cifra creciente de muertes....

(La nota completa en la edición gráfica de Sudestada)