La noticia que no leímos

Un siglo atrás, en 1924, el paraje de Napalpí en el Chaco fue el escenario de una masacre: dos centenares de habitantes originarios fueron asesinados por las fuerzas policiales. Apelando al absurdo recurso del peligro malonero, la matanza ocultaba en realidad fuertes intereses económicos: la necesidad de ocupar las tierras de las comunidades, la pérdida de ganancia con los cultivos de algodón y el consiguiente desplazamiento de los aborígenes como mano de obra barata a otras regiones. Había que terminar con el "problema indígena", y desde el discurso civilizatorio y progresista, la respuesta elegida fue el aniquilamiento. El exterminio. Crímenes en sangre, el libro de Pedro Jorge Solans recientemente editado en la colección Sudestada de bolsillo, da cuenta en detalle de un episodio que dejó una profunda huella en la identidad de un país.

Hoy, casi cien años más tarde, la realidad de los pueblos originarios en Chaco y Formosa difiere en algunos aspectos, pero también está marcada por la exclusión, el hambre, la discriminación y el racismo. La amenaza es concreta: sólo en enero pasado, la comunidad qom en el noreste argentino perdió trágicamente a dos de sus miembros en condiciones sospechosas. Las víctimas fueron pibes de 12 y 16 años, víctimas de un odio que emerge ante la pasividad de quienes priorizan el bienestar de los empresarios por encima de la vida de sus vecinos. Ya en diciembre de 2012, Celestina Jara y su nieta de 11 meses murieron después de ser atropelladas por un gendarme, que no se preocupó por asistirlas.

Detrás de una creciente hostilidad, detrás de la ambición de nuevos latifundistas, de tanta amenaza y tanta indiferencia de parte de las autoridades, otra vez se vislumbra la trama económica: todas las víctimas vivían en una zona que se ha convertido, en los últimos años, en un jugoso botín para algunos pocos que caminan sobre alfombra roja en los despachos provinciales. Las comunidades qom son un molesto obstáculo para la expansión de los negocios de terratenientes y comerciantes vinculados con el agronegocio. La participación directa de agentes de seguridad, o bien la respuesta represiva con gendarmes, confirman que el rol que hoy desempeña el Estado, en sus distintos niveles, va más allá de la mera complicidad. Aquí se trata de sembrar el miedo y el odio al mismo tiempo, de apelar al desmonte y a los incendios provocados, de ignorar al chagas y al cólera que hacen estragos (pero en silencio), de enquistar el analfabetismo y la desnutrición, de demonizar a los marginados del sistema, de aprovechar para limpiar el terreno y hacer negocios con las tierras de las comunidades, de abrir la puerta al paso firme de las mafias sojeras. Aquí se trata, también, de imponer en la agenda mediática de la prensa orgánica otras cuestiones de relativa importancia, mientras en las entrañas del país se desangra una cultura y un pueblo. Aquí se trata de distraer con el discurso de la hipocresía y el juego de candidaturas para aceitar la oxidada maquinaria del mismo aparato de siempre.

Para que nadie escuche. Para que nadie lea. Para que nadie exija. Para que nadie actúe.