El caso de la joven tucumana, condenada por la justicia en un proceso falaz y liberada después del reclamo de una multitud, ofrece una serie de conclusiones. Primero, que la necesidad del aborto legal, seguro y gratuito se impone con urgencia. Segundo, que las instituciones del Estado siguen respondiendo a los parámetros de los sectores más retrógados de la sociedad. Tercero, que sólo con la movilización popular es posible alcanzar conquistas y derrotar a la injusticia.
El 21 de marzo de 2014, una joven de 24 años llamada Belén (nombre que se le asignó para preservar su identidad) concurrió a la guardia del Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán por un dolor abdominal. Allí la medicaron, fue al baño y al volver sintió que estaba con su período menstrual. Le avisó a la enfermera, quien le aplicó un calmante, sin saber que ahí empezaba su calvario. "Más tarde me pidieron que me levantara para llevarme a otra salita y ahí me di cuenta de que estaba llena de sangre. Me sacaron el pantalón, me higienizaron y me mandaron a la parte ginecológica. Entré a la sala de parto y me dormí. Yo no sabía que estaba embarazada, creía que era una hemorragia por tantos medicamentos que había tomado", relató después la propia Belén. Luego de su recuperación física, la joven fue privada de su libertad y se la imputó, en una medida tan inédita como absurda, por aborto seguido de homicidio.
Veinte días más tarde, los jueces de la Sala III, Dante Ibáñez, Néstor Rafael Macoritto y Fabián Adolfo Fradejas, la condenaron a ocho años de prisión por el delito de homicidio agravado por el vínculo. La abogada que asumió la defensoría de Belén, Norma Bulacio, y la doctora que la representa en la actualidad, Soledad Deza, afirmaron que la joven no debió ser condenada. Patricia Bravo, la psicóloga que intentó realizarle las pericias, hizo su trabajo rodeada de policías y médicos. "Estaba en esas condiciones haciendo la entrevista. Y no le pudieron hacer ningún test porque se la llevaron", argumentó Bulacio.
En los fundamentos del fallo, los magistrados tuvieron en cuenta las declaraciones de los médicos, personal de salud e informes médicos. Sin embargo, no preguntaron si existían otros testigos en el hospital, como tampoco decidieron escuchar las declaraciones del entorno familiar o detenerse a analizar el grado de conocimiento sobre educación sexual de la joven, para determinar si sabía que tenía un retraso y que detrás de eso se escondía un embarazo. En el caso de Belén, las contradicciones apenas comenzaban a emerger.
La condena mediática
El caso tuvo escasa visibilidad en los medios hegemónicos. Aquellos que se han detenido en la sentencia, debatieron sobre la legalidad del aborto, en tanto los medios gráficos visibilizaron el caso en la sección de noticias policiales o judiciales. Los que le dieron lugar en 'Sociedad' publicaron titulares que profundizan la estigmatización de la joven condenada. La voz de Belén apenas se replicó a través de organizaciones sociales, gremiales, partidarias y feministas que se agruparon en la Mesa Provincial para la libertad de Belén y marcharon durante el #niunamenos. No importa si fue en la Plaza Independencia de Tucumán o en Plaza Congreso de Buenos Aires, el reclamo de justicia no tiene límites cuando se trata de exponer las distintas manifestaciones que tiene la violencia de género, y en especial, cuando es el Estado a través de alguno de sus órganos quien la ejerce y quien discrimina.
Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales (ANDHES); la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA); la Asociación Pensamiento Penal (APP); Amnistía Internacional (AI); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM); el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Innocence Project Argentina (IP Argentina) y la diputada nacional Soledad Sosa (Bloque Frente de Izquierda, en representación de referentes políticos, sindicales y de los derechos humanos) se presentaron como amicus curiae ante la Corte Suprema de Tucumán reclamando la libertad para Belén...
(La nota completa en la edición gráfica de Sudestada)
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