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Debate

El estado y la cultura

¿Un Estado que interviene o un Estado que desaparece? La polémica desatada en Brasil sobre la conveniencia de la intervención del Estado en materia cultural, representa en realidad un ejemplo de un debate ausente en América Latina: ¿cuál es el papel del Estado frente a la creación?

"El verdadero arte, es decir aquel que no se satisface con las variaciones sobre modelos establecidos, sino que se esfuerza por expresar las necesidades íntimas del hombre y de la humanidad, no puede dejar de ser revolucionario, es decir, no puede sino aspirar a una reconstrucción completa y radical de la sociedad".

Literatura y Revolución, León Trotsky.


El debate sobre el papel del Estado en el ámbito de la creación cultural parece haber reflotado luego de la asunción hace poco más de un año de Gilberto Gil como ministro de Cultura de Brasil, y de las primera medidas tomadas desde su nueva función. En su primer discurso, el músico brasileño provocó un corte tajante con el resto de sus pares del continente y dejó en claro que su cartera no iba a aceptar imposiciones: "El Ministerio no puede, por lo tanto, ser apenas una caja de palabras vanas para una clientela preferencial. (...) es necesario intervenir. No según la cartilla del viejo modelo estatizante, sino que para clarificar caminos, abrir claros, estimular, acoger.

Para hacer una especie de do in antropológico, masajeando puntos vitales, pero momentáneamente despreciados o adormecidos del cuerpo cultural del país, en fin, para avivar lo viejo y atizar lo nuevo". Pero más allá del aire fresco que significó la asunción de Gil, lo cierto es que desde hace más de dos décadas los estados latinoamericanos han dejado en manos del sector privado el financiamiento de la actividad cultural. Con no más del 1% del presupuesto nacional, los funcionarios de los distintos ministerios o secretarías han delineado una política basada en el mecenazgo, encargándole a algunos empresarios o compañías que financien y obtengan lucro a partir de la propuesta cultural. Marcan la excepción la gestión en Cuba y el caso de Venezuela, que por estos días discute una Ley Orgánica de Mecenazgo donde el Estado intenta recuperar la iniciativa en propuestas culturales.

¿Ausencia o regulación?

¿El Estado debe intervenir en la creación cultural?, ¿hasta dónde? ¿Las empresas públicas o privadas deben financiar proyectos culturales? Para caracterizar la relación que el Estado debe tener con la cultura es preciso centrarse en el verdadero interrogante disparador: ¿Qué y quiénes son, según el caso, el Estado? Las condiciones materiales de una sociedad para crear cultura afectan directamente a la discusión de si el Estado debe intervenir en los procesos culturales.

Si el Estado es de conformación de clase burguesa y responde a los intereses de las minorías privilegiadas, su intromisión en la cultura no podrá buscar otros objetivos más que la censura (directa o indirectamente); la cooptación mediante aportes de capitales privados de los artistas que en un principio se opongan al discurso oficial; o la imposición (con los medios de comunicación al frente) de productos culturales que busquen únicamente la rentabilidad económica y de ningún modo la creación artística como herramienta de cambio político-social. Pero si nos referimos a un Estado conformado por las mayorías, indudablemente las relaciones económico-sociales que de allí se desprenden y que a la vez lo nutren (el proceso es dialéctico) crearán las condiciones para una cultura verdaderamente independiente y con una elevada conciencia política que será de vital importancia para la calidad artística.

Como ejemplo concreto de este debate, los artistas brasileños volvieron por estos días a criticar la política de regulación estatal y de aporte empresarial propuesta por Gil, enfrentamiento que ya provocó la salida del tres funcionarios de su cartera. El conflicto comenzó cuando Gil destituyó al secretario de Programas y Proyectos Culturales, Roberto Pinho, quien le había hecho firmar un contrato por 21,5 millones de reales sin licitación, con el Instituto Brasil Cultural y la empresa Petrobras, para la construcción de 16 centros culturales en regiones pobres. Esto desembocó en la renuncia de otros dos funcionarios que denunciaron una "caza de brujas" dentro del Ministerio.(...)

(La nota completa en Sudestada 26)

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Autor

Martín Latorraca y Maximiliano Martinez