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Diez Preguntas a María del Carmen Verdú

"La policía dirige y protagoniza el crimen organizado"

Abogada y referente de la coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú es voz autorizada para analizar el rol de las fuerzas de seguridad en el presente político. Lejos de establecer un simple diagnóstico, su opinión nos permite configurar una realidad concreta, que se respira todos los días en las barriadas y que afecta a jóvenes y trabajadores en todo el país.

1. ¿Qué fenómenos novedosos han surgido a la hora de analizar la violencia institucional?


Es necesaria una aclaración. Hoy preferimos no utilizar tanto, en nuestros espacios de militancia, la expresión "violencia institucional". Si bien hace treinta años resultaba gráfica para enfatizar prácticas represivas –como las torturas, el gatillo fácil y las detenciones arbitrarias–, lejos de ser hechos aislados, son parte de un conjunto más amplio de políticas de Estado. En los últimos años, el término ha sido apropiado y tergiversado en su contenido por los gobiernos, con un sentido sesgado, en el marco de iniciativas que proponen la falsa idea de que es posible corregir ciertos "vicios" estatales desde su propio interior. Para nosotros, la represión es parte de la naturaleza de cualquier gobierno que administre un Estado dividido en clases, por eso, hace algún tiempo, señalamos: "Si es institucional, no es violencia. Es represión".


Cada gobierno diseña sus políticas represivas y resuelve cuáles, cómo, por mano de quién y contra quién las va a aplicar, según las necesidades concretas en cada momento histórico y lugar. Un gobierno, por burgués que sea, que logre un alto nivel de consenso, no recurrirá a la represión explícita, a la coerción, al fomento de las prácticas más brutales del mismo modo que lo tendrá que hacer otro que se encuentre en un escenario con alta conflictividad, profundización de la lucha de clases, etc.


En los últimos años asistimos a nuevas etapas, y cada una se caracterizó por un ejercicio diferente de las potestades represoras del aparato estatal. El gobierno de Néstor Kirchner se abocó a la construcción de consenso, en búsqueda de cumplir la principal tarea a su cargo: la relegitimación de la gobernabilidad burguesa y sus instituciones. Por eso, en su primera etapa apostó a "no reprimir la protesta" y promovió iniciativas, como su explícita alianza con muchos organismos de Derechos Humanos históricos. Ello no impidió que, al amparo de la naturalización y la invisibilización, siguiera activa (y en franco crecimiento) la vertiente represiva dirigida al control y disciplinamiento social en los barrios, como lo muestran los índices de asesinatos policiales de la época.


Es manifiesto cómo, terminado el "viento de cola" que permitía neutralizar el descontento, en el marco de la crisis capitalista no sólo se multiplicaron esas formas represivas, hasta alcanzar la cifra de 3.700 asesinados con el gatillo fácil y en lugares de detención, sino que adquirió altos niveles la represión a los sectores organizados de la clase trabajadora, tanto a través de la herramienta judicial (criminalización de la protesta, con "logros" inéditos como la condena a perpetua de los trabajadores de Las Heras y más presos políticos en el conjunto de la gestión que cualquier otro gobierno post-dictadura) como la uniformada, complementada con grupos de choque oficiales (21 asesinados en movilizaciones, por ejemplo).


En la actualidad afrontamos un escenario aún más difícil, con un gobierno que se define con las palabras "ajuste y represión", que de entrada mostró sus cartas con medidas del Ejecutivo (declaración de emergencia nacional en seguridad, protocolo antipiquetes), del Legislativo (reformas represivas en códigos de faltas provinciales, en el código procesal penal nacional, etc.) y Judicial (fallos del TSJ de CABA y varios similares de provincias ampliando las facultades para detener personas arbitrariamente). Ni hablar del aumento de presupuesto para las fuerzas, el crecimiento de la militarización en los barrios, y las represiones sobre trabajadores organizados en todo el país.


2. ¿Cómo definirías el rol de la policía en el crimen organizado en los últimos diez años?


Con una sola frase: la policía (y el resto del aparato represivo estatal) dirige y protagoniza el crimen organizado, del mismo modo que explota el crimen del "chiquitaje". No hay forma de "crimen organizado" en la que, más temprano que tarde, no "salte el botón". No es una opinión, es un hecho...


(La nota completa en la edición gráfica de Sudestada)

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Autor

Walter Marini