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En la calle

Una semilla y un desalojo

En el corazón del conurbano bonaerense, 3.500 familias ocuparon un terreno abandonado y, desde allí, resistieron A la espera de alguna respuesta. el Estado optó por desalojar, destruir e incendiar. Durante varios meses, los vecinos se sostuvieron a fuerza de solidaridad y de la decisión de no ceder el sueño de un pedazo de tierra para permitirle a sus hijos un futuro más digno.

Un techo, una casa o un espacio digno para vivir puede resultar moneda corriente para algunos, pero se trata de un sueño lejano para muchos. Sin embargo, la ilusión no se apaga nunca. Esa búsqueda incansable está protagonizada por los de abajo, los que menos tienen, los que algún día este sistema empujó y no dejó regresar de los márgenes de la exclusión. Una multitud de jóvenes hoy no tienen como opción alquilar, porque las inmobiliarias exigen una cantidad de requisitos cada día más inaccesibles. Mientras tanto, muchas tierras siguen vacías e improductivas. Según cifras oficiales –en base al último censo de 2010–, existen 1,5 millón de viviendas deficitarias en términos habitacionales (y la mitad de ellas son consideradas como "déficit crítico" por su extrema precariedad) en la provincia de Buenos Aires, lo que representa al 33 por ciento de todos los hogares, un fenómeno que se agrava ante el desarrollo de los countries, lo que hace casi imposible el acceso a lotes para los sectores populares. Si a estas cifras se les suma que la vivienda ociosa en la provincia alcanza el 18 por ciento de las residencias, el panorama es concluyente.

En el partido de Merlo, el 22 de octubre del año pasado, cientos de familias volvieron a creer en la utopía de una casa propia y ocuparon terrenos abandonados sobre la Ruta Provincial 1003, en la localidad de Libertad. Casi cuatro meses después y sin previo aviso, la Policía Federal desalojó el predio con topadoras, para llevarse puesta la ilusión construida en estos meses. A pesar de que el Juzgado de Garantías Nº 4 firmó una resolución que impedía el desalojo por un plazo de 180 días, a pesar incluso de las voces de los ocupantes que exigían convocar "mesas de gestión" para solucionar la situación, nada se tuvo en cuenta. En el camino y sin vacilaciones, arrasaron con todo.

Tiempo antes de que las 60 hectáreas fueran tomadas, hubo elecciones. El candidato que manejaba Merlo desde hacía más de dos décadas, Raúl Othacehé, perdió contra Gustavo Menéndez por amplio margen. En los medios de comunicación se habló mucho sobre el complicado cambio de mandato y se hizo hincapié en que Othacehé pudo haber tenido algo que ver con la toma de tierras, con el objeto de traerle complicaciones al nuevo intendente. Pero esa no fue la única suspicacia detectada: el 13 de febrero dos bandas se enfrentaron justo donde comenzaba el predio ocupado, y un nene de 8 años, que festejaba un cumpleaños en una calle lindera, resultó muerto de un balazo producto de la puja por el control del área. El padre del nene, frente a las cámaras de televisión, envió un mensaje a quienes sospecha, fueron los causantes del crimen: "A todos ustedes, narcotraficantes, esto no va a quedar así".


Un Estado ausente


Tierra de nadie para algunos, resulta que ahora esos terrenos abandonados parecen haber recuperado su valía olvidada. Según comentaban los ocupantes, la Municipalidad les había prometido un censo que nunca se hizo. "Acá se acercaron un día y nos pidieron que salgamos todos para censarnos, pero obviamente nadie quiso hacerlo. No tienen idea de la cantidad de personas que hay", cuenta Carolina, que vivía bajo un techo de lona sostenido por cuatro troncos.

Los días pasaron y ningún funcionario se acercó al barrio. Desde el Municipio, el intendente Menéndez propuso que la gente desocupara la zona para organizar y urbanizar los terrenos habitables, pero los que vivían allí se negaron por miedo a que no les devolvieran sus casas. Todo hasta el 18 de febrero, cuando llegó la represión, a las cuatro de la madrugada: 1.200 efectivos se ocuparon de prender fuego los toldos y desalojar a palazos. En tanto, la causa sigue a cargo de la Unidad Funcional de instrucción y Juicio (UFIJ) n° 2 de Morón y el fiscal responsable, Fernando Capello, ordenó ese mismo día a las 10 de la mañana que se suspendiera el desalojo y se permitiera a las familias mantenerse en sus casas. Pero ya no hubo vuelta atrás: la policía y las topadoras habían quemado o destruido más de la mitad de las viviendas construidas. Al final del día, el terreno recuperó su condición de baldío, como si allí nada hubiese pasado.

No conforme con la destrucción y la represión, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, destacó la labor policial en el operativo: "Actuó muy bien la policía. El Municipio y la Provincia hicieron un trabajo ordenado en tierras que había que volver a ocupar y recuperar". Y Menéndez, por su parte, argumentó que los dueños se habían presentado ante la Justicia para reclamar sus tierras: "A todos se les explicó que la posición del Municipio no es avalar ninguna toma, porque eso implicaría una ausencia del Estado en términos de planificación habitacional. No hubo negociaciones con los ocupantes. Hubo una decisión judicial", declaró...


(La nota completa en la edición gráfica de Sudestada)

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Autor

Micaela Arbio Grattone y Sebastián Weber