No tan distintos...

Pese a la retórica tribunera, el presente político parece ubicar a oficialismo y oposición más cerca que nunca. Basta con repasar episodios recientes, como el operativo conjunto de desalojo (represión y detenidos incluidos) que realizaron la Policía Metropolitana, la Federal y Gendarmería contra 700 familias en el asentamiento Papa Francisco en Villa Lugano. La excusa del Gobierno porteño: desbaratar una supuesta banda de narcotraficantes de la cual no se obtuvo prueba alguna al final de la jornada. La vicejefa María Eugenia Vidal justificaba el operativo diciendo: "Es un paso adelante haber recuperado el terreno, volver a tener la posesión del lugar y dar un mensaje importante: que ni las mafias ni los narcotraficantes se van a apropiar de un espacio público", mientras cientos de familias perdían sus casas y quedaban a la deriva sin que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trabaje seriamente en el problema que significa el acceso a la vivienda.

En definitiva, no parece haber diferencias sustanciales entre el discurso de unos y otros, y a la hora de accionar, lo hacen de forma coordinada: gases lacrimógenos y balas de goma contra los vecinos, topadoras para aplastar casillas, y un cuidadoso operativo mediático previo a cargo de uno de los alfiles del oficialismo: el secretario de Seguridad, Sergio Berni. El mismo militar retirado de viejas simpatías carapintadas es quien hoy multiplica su presencia mediática para machacar contra pobres e inmigrantes como principales responsables de la inseguridad que tanto atemoriza a la clase media, pero elije callar (o tergiversar, igual que Vidal) cuando se trata de buscar la raíz del problema: el mismo día que Berni pedía herramientas judiciales para que "cuando detengamos delincuentes extranjeros salgan del país y no puedan entrar nunca más", en La Matanza un grupo de vecinos se manifestaba frente a la comisaría de Ramos Mejía ante la noticia de que al menos siete oficiales policiales habían organizado una banda delincuencial encargada de robos y secuestros. Del mismo modo, cualquier investigación profunda que tire de la punta del ovillo del narcotráfico, la trata de blanca, el asalto a blindados, el establecimiento de zonas liberadas, encontrará indefectiblemente a la policía como la principal gestora. Pero de esta realidad objetiva, ni una palabra.

Pero también a la hora de justificar represiones contra los trabajadores el oficialismo tiene su vocero sindical: Ricardo Pignanelli (SMATA) se ocupa de responsabilizar a los trabajadores que protestan (como los de Lear, Gestamp o Donnelley) y a sus comisiones internas por la crisis en el sector automotriz y autopartista, mientras negocia con las patronales la cantidad de obreros despedidos y suspendidos.

Desde los medios, Pignanelli, muy preocupado por la caída de ganancias de la patronal, amenaza con la vieja receta mafiosa: "Quieren la anarquía en el movimiento obrero... La izquierda está buscando una desgracia". Y como él, los otros referentes del oficialismo en la mesa chica sindical hoy son Antonio Caló (UOM) y Gerardo Martínez (UOCRA), acusado de pertenecer al batallón de Inteligencia 601 durante la Dictadura, y de "marcar" delegados díscolos para que los grupos de tareas se ocuparan de "sanear" las fábricas.

Llama la atención que los dos personajes vinculados con el oficialismo (por gestión o por alianza), con mayor presencia ante la prensa por estos días sean Berni y Pignanelli. Uno estigmatiza a pobres e inmigrantes y aviva el fuego represivo a través de un discurso pleno de prejuicios. El otro apela al accionar clásico de la burocracia sindical: macartismo con la izquierda, complicidad con la patronal y patoterismo contra los trabajadores. En estos eslabones de la cadena, quizá oficialistas y opositores no sean tan diferentes como parece.